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CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional, con abrumadora mayoría oficialista, nombró el martes como miembros de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a dos reconocidos opositores, incluido un activista que estuvo preso acusado de participar en supuestas acciones para desestabilizar el gobierno socialista.
Una concesión que sería parte de una serie de medidas recientemente adoptadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro que apuntan a mejorar las relaciones con la administración del mandatario estadounidense Joe Biden.
Es la primera vez desde 2005 que la oposición venezolana tendrá dos miembros en el directorio del organismo electoral o CNE, que se encarga de realizar las elecciones nacionales, estatales y municipales en el país sudamericano. Desde el 2006, pese al dominio oficialista, el Tribunal Supremo designó a los miembros de la Asamblea Nacional, por falta de consenso entre los legisladores. Se necesitan dos terceras partes de los votos para su selección.
El nombramiento se produjo luego de varias semanas de negociaciones tras bastidores entre representantes el gobierno de Maduro y adversarios moderados, algunos de ellos alineados con el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles.
La oposición de Venezuela lucha por recuperar su relevancia a medida que Maduro ha reforzado su control del poder en medio de las sanciones de Estados Unidos y millones de venezolanos han huido del país devastado por la crisis, renunciando a la lucha para poner fin a dos décadas de gobierno socialista.
En el nuevo Consejo predominan los cercanos al gobierno. Como nuevos directores del CNE para los próximos siete años fueron nombrados Alexis Corredor Pérez y Pedro Calzadilla, ambos profesores universitarios y ex funcionarios del gobierno socialista; a Tania D’Amelio, actual miembro del Poder Electoral, Los opositores Roberto Picón y Enrique Márquez.
Los dos representantes de la oposición aportan una amplia experiencia política y conocimiento de la maquinaria electoral de Venezuela. El exlegislador Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional por consenso luego que la oposición tomó el control del Legislativo tras ganar por abrumadora mayoría los comicios en 2015.
Se le unirá Picón, el estratega de toda la vida e ingeniero de sistemas informáticos que fue encarcelado entre junio y diciembre de 2017 por organizar una votación simbólica y paralela cuando la oposición boicoteó el referendo de Maduro para nombrar una Asamblea Constituyente. Fue liberado por recomendación de la llamada comisión de la verdad de la Constituyente.
De los tres representantes vinculados al gobierno, el historiador Calzadilla se desempeñó brevemente como ministro de Educación Superior al comienzo del primer mandato de Maduro en 2013 y como ministro de Cultura de su predecesor Hugo Chávez. El profesor universitario Corredor Pérez, por su parte, fue vicepresidente de la oficialista Asamblea Constituyente.
D’Amelio fue sancionada el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro estadounidense y en febrero de 2021 la Unión Europea la incluyó entre los 19 funcionarios sancionados por su relación con el gobierno de Maduro, acusada de «contribuir a socavar el estado de derecho en Venezuela en sus funciones al participar en la ejecución de las elecciones presidenciales de 2018 y en el cambio a las normas electorales para las elecciones legislativas de diciembre».
La designación de una nueva junta es observada de cerca como una señal de la voluntad de Maduro de volver a comprometerse con sus oponentes, un primer paso necesario para que Biden alivie las devastadoras sanciones petroleras que heredó de la administración de Donald Trump.
Es también la continuación de una serie de gestos similares de Maduro, incluida la concesión del arresto domiciliario a seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en 2017 por cargos de corrupción y su reciente acuerdo que permite que el Programa Mundial de Alimentos comience a operar dentro de Venezuela.
